Hay una tendencia creciente, incluyendo recogida de firmas, que apunta a despojar a las autonomías de las competencias educativas. Y yo he dicho que no firmo. Para detrás, ni para coger impulso. Y el autogobierno fue un logro que nos sitúa en el primer lugar en el mundo. Y no quiero que en eso se retroceda un paso. Otra cosa es que ese autogobierno lleva unos controles, que no se han ejercido.
La tendencia proviene del hecho constatado del adoctrinamiento a través de las escuelas en Cataluña de toda la población infanto-juvenil. Es un hecho la falta de rigor y la desviación intencionada de gran parte del material que se usa en las escuelas catalanas, aparte de otros elementos del currículo tales como el peso del catalán en la totalidad del horario, así como la diferencia con el papel de la Lengua Española. El currículo descentralizado en nuestro país cuenta con un porcentaje del 65% del Estado y un margen del 35% para las autonomías, que cambia al 55% y 45% en el caso de las autonomías con lengua propia. Ahí está el porcentaje de la lengua propia, el 10%. Dentro del otro 35%, se desarrollan las peculiaridades de cada autonomía. Pero dentro del 65%, el "core" que le corresponde al Estado, el propio estado PUEDE y DEBE vigilar que los elementos comunes, como por ejemplo, la historia que nos corresponde a todos, sea RIGUROSA y NO SESGADA. Y el Estado ha hecho dejación de este derecho y obligación. En un principio, existían los denominados Centros de Desarrollo Curricular, una de cuyas funciones era esa vigilancia en cuanto a la corrección de los contenidos, así como que se ajustaran a aquellas cuestiones que garantizaran la igualdad y la no discriminación, asimismo preceptos constitucionales. Se quitaron. Y se quitaron porque las administraciones cayeron víctimas de las presiones de las editoriales, que no querían hacer correcciones a sus textos. Algunos partidos políticos supongo que estarían contentos, o estarían detrás de las exigencias de estas empresas privadas. Y al final, ese descargo de responsabilidades de las administraciones han dado lugar as lo que todos sabemos y comentamos tan profusamente estos días.
Pero el asunto no se resuelve eliminando las autonomías y las competencias, concretamente la educativa. Se resuelve con la asunción, seria y responsablemente, por parte del Estado, dwe sus competencias, el 65 o el 55%, no sólo en el desarrollo curricular sino en la vigilancia del "core", esto es, del contenido de ese desarrollo. No puede quedar en manos interesadas. Se nos va el país y el rigor educativo en ello.
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