Más de ciento un millones de euros. Esa cantidad es la que debe pagar el Gobierno de Canarias como indemnización por el caso Tebeto a la empresa Canteras Cabo Verde según sentencia de la Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Aparte de que soy incapaz de pensar en la cantidad que significa, en millones de las antiguas pesetas, me escandalizo más que nada porque ese dinero daría para crear un montón de puestos de trabajo que nos ayudarían a superar mejor la crisis. Además, hay que pagarlos en un momento donde las arcas públicas reciben menos dinero por efecto de la crisis (si se gana menos, se pagan menos impuestos), es decir, que peor que peor. A principios de los noventa, la empresa Canteras Cabo Verde solicitó a la Consejería de Industria la licencia de explotación minera de la montaña Tebeto, contigua a la de Tindaya, en Fuerteventura, tras una concesión que tenía desde 1982. La obtuvo, pero posteriormente no fue autorizado el proyecto, y la Administración autonómica declaró caducada la concesión, y el empresario Rafael Bittini Delgado, responsable de Canteras de Cabo Verde SA (sociedad dedicada a la investigación, laboreo y explotación de yacimientos mineros), acudió a la vía judicial para denunciar la decisión de la institución regional de declarar caducada dicha concesión, y gana esta indemnización millonaria.
Las preguntas son : ¿Quién se responsabliliza de la errónea decisión del gobierno? ¿Quién dimite? ¿Por qué tenemos que pagar todos los errores políticos de algunos?
En un recurso, el Ejecutivo había planteado ampliar a tres meses el pago de la millonaria indemnización correspondiente a las explotaciones mineras de Tebeto y el TSJC lo desestima, así como desestima otro recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de Canarias en el que solicitaba el fraccionamiento del citado importe durante los próximos cinco años. El Ejecutivo regional realizó dicha petición basándose en un artículo de la Ley Contencioso Administrativa donde se plantea que, cuando una administración es condenada al pago de una cantidad que ocasione un grave quebranto en las arcas públicas lo pondrá en conocimiento del juez, acompañándolo de una propuesta razonada de cómo resolver el pago de esa cantidad.
La explicación es razonable. Es verdad que ambas cosas son ciertas (que hay menos dinero y que es un montón de idem para pagar de golpe) pero haberlo pensado antes. Y haberlo estudiado. Para eso se está en el gobierno. Para no dar pasos en falso. Y si se equivoca uno, uno paga. No la gente, no los ciudadanos, no los canarios. A ver si va a ser cierto eso de que Canarias es lo nuestro. Lo nuestro, claro, pero dicho por ellos es lo de ellos. Qué miedo estar en manos de estos irresponsables.
Esta situación, donde no hay esplicaciones públicas, en el momento actual es una ofensa a los canarios. No hay perras para para proteger a los que menos tienen, no hay planes E canarios, pero si hay que buscar dinero para beneficiar patrimonios personales y familiares perjudicando al resto de los ciudadanos. Esta es una sentencia más de tantas que nos ha costado millones por este desgraciado gobierno de CC que nos dura tanto tiempo, y que cada vez más se aleja de las necesidades de la población. Unos 800 millones de euros se han dedicado los últimos años a indemnizar por sus errores. Carito que nos sale a los canarios tener un Gobierno pésimo en Canarias. Y para que sea peor, sale el consejero de Medio Ambiente amenazando con que pagar la sentencia de Tebeto va a suponer un recorte en los servicios esenciales. Pues vaya. Guárdenme un cachorro.
2 comentarios:
que cara de sinvergüenza son estos lo del gobierno de canarias, como hay mucho empleo ahora habra mas con todo ese monton de dinero que hay que pagar por sus malas acciones, y todavia que me digan que quieren la independencia de canarias con este gobierno que tenemos entonces si nos comeriamos los unos a los otros, yo sinceramente noce a dond iremos a parar.
En mi opinión, del asunto Tebeto todos somos responsables de algún modo.
Me explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega…. Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello…., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte - de partido, de magistrados, informaciones partidistas…. - un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!
cañoncito violento
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