LA REFORMA DE LA LEY DE BASES: QUÉ MIEDO

Una espada de Damocles pende sobre los municipios: la reforma del régimen local con referencias a la reducción de competencias de los municipios, la disminución de atribuciones en materia de sanidad o educación, el reforzamiento del papel de las diputaciones provinciales y Cabildos para la prestación de servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que sustituirá a las Mancomunidades, todo ello, al parecer, con el propósito de evitar duplicidades. Qué miedo. Leída detenidamente, la PROPUESTA resulta pobre en planteamientos, en precisión y hasta en la presentación. Y eso que es la versión 1.2, las anteriores cómo serían. Como dicen que ha sido elaborada por un grupo de colaboración, si las versiones sucesivas no mejoran siempre podremos acudir a un GRUPO DE EXPERTOS. Bromas aparte, cualquier persona que esté metida de lleno en los problemas municipales, cuando termina de leer la propuesta es difícil que haya encontrado remedio a sus males. Las diputaciones fueron cuestionadas por el PP hace unos meses. Y resulta que ahora son la panacea (no la odisea, como le gusta mal-decir a un “querido” ex líder local) para resolver los problemas de los pequeños municipios, ¿Por qué ese cambio diametral de opinión? ¿Tal vez por el poder acumulado que supone un paisaje casi completamente azul del mapa nacional? No obstante, ni los Reales Decretos ni el BOE resuelven (a la vista está) los problemas actuales y acuciantes de este país. Pero la propuesta, que ya dejamos dicho que no resuelve los viejos problemas de la Ley de Bases, no tiene en cuenta  la garantía institucional de la autonomía municipal, prevista en la constitución, como tampoco el principio constitucional de descentralización en la gestión pública. Se puede replantear la autonomía municipal en la Constitución, pero eso tiene unos trámites, que pueden ser rápidos, como hace pocas fechas, en que se  modificó la Constitución en cosa de semanas. Lo que no se puede es minar un modelo. Y menos pasar de considerar a los ayuntamientos mayores de edad y darle cancha libre, con todas las virtualidades y problemas, como se hizo antaño, a pasar a considerarlos bebés de pecho y condenarlos a una tutela funcionarial, o vía Boletín permanente. Mientras, y sin pararse a evaluar el estado de la cuestión, la Reforma sigue manteniendo servicios obligatorios que los ayuntamientos ni prestan realmente, ni pueden prestar; por ejemplo, el control de alimentos y bebidas en todos los municipios y tratamiento de residuos sólidos urbanos a partir de 5.000 habitantes. Por otro lado, la inseguridad jurídica pende sobre los ayuntamientos, vía la posibilidad de modificar el artículo 65 de la Ley de Bases, de forma que la Administración Estatal pueda impugnar en vía jurisdiccional los acuerdos municipales en materia económica y de otros emanados de los ayuntamientos. Especialmente grave es, en estos momentos, las impugnaciones que el gobierno del estado ejerce sobre las contrataciones municipales, abocando a las entidades públicas a externalizar prácticamente todos los servicios. A esto se suma el que cuando un municipio sea evaluado y no pueda mantener sus servicios obligatorios, podrá privatizarlos. No se aclara si se refiere a la forma de gestión o a la titularidad. Si se trata de lo primero, con eso ya contábamos, porque es lo que está aconteciendo en la realidad, por la prohibición de contratar. Si se trata de lo segundo, que deje de ser un servicio público, entonces ya no hablamos de servicios públicos obligatorios (mínimo común de bienestar asegurado a la población con independencia de la ciudad en la que viva), sino de servicios públicos que los prestará quien pueda y, en caso contrario, lo hará la iniciativa privada, si le interesa, con lo cual llegará a quien se los pueda, a su vez, costearlos.

Podría seguir, pero me puede la tristeza de quien ve desaparecer, día tras día, y sin remedio, aquello por lo que tantos luchamos tanto. Qué miedo.