Nos
estamos enfrentando en SJR a uno de los dilemas clásicos de los que se
consideran como ejemplo de la doble moral, la que se enuncia continuamente como
discurso político y el maquiavélico comportamiento que se oculta bajo ese
disfraz y pretende que lo público puede ser distinto de lo privado, que el
comportamiento de un servidor público puede ser diferente en la esfera pública
y en su comportamiento privado, aunque este comportamiento sea público, es
decir, se exhiba en la esfera pública. Hay que decir, alto y claro, que no
existe la denominada ética privada. La responsabilidad ante las consecuencias
de un acto es mayor cuando se ejerce la actividad pública, por su especial
trascendencia. Un cargo público se enfrenta con problemas morales que
normalmente no tiene un ciudadano común. De entrada, la actividad pública debe
asumir la ética de su función de representación de todos los ciudadanos, y,
además, existe un carácter institucional elevado en sus capacidades decisorias.
Ambas cosas, la representación y el gobierno, no le pertenecen a él como
persona, sino que ha de dar cuenta ante la sociedad que le ha conferido esa
representación para determinados fines sociales y políticos de la colectividad.
Cuando una persona acepta un cargo público, asume obligaciones diferentes de
las que el ciudadano común. La sociedad delega en ese cargo obligaciones y
facultades. Asi se describe en la promesa o jura del cargo “cumplir y hacer
cumplir la ley”. Esa es la realidad. Y no es sólo actuar, es prever las
consecuencias de las acciones. No sólo el cargo ha de proveer de acciones, sino
prever, antes, los resultados y las consecuencias, directas o indirectas, de sus
decisiones para los fines de la sociedad. Frente a las malas consecuencias de
sus decisiones, el cargo público no puede alegar desconocimiento o improvisar
remedios. Si un cargo no tiene la capacidad de tomar todas las previsiones
necesarias, no debe asumir las responsabilidades especiales de esa
función. Por eso fue tan escandaloso el
hecho de la moción de censurar, potenciada/incentivada/financiada por AIS. Su
portavoz, Abreu, me había dicho en agosto anterior, de la grave situación que
imprimía al gobierno municipal su actual socio de gobierno y alcalde. Y yo le
expliqué las herramientas de que nos habíamos provisto para controlar y
garantizar la gobernabilidad (negativa a cederle la máxima responsabilidad, por
el elevado riesgo que llevaba inherente y un control férreo de sus decisiones,
vigilando aquellas que pudieran ser cuestionables, renunciando incluso al
tiempo personal de nosotros, sus socios), y, además, para mejorar esa
gobernabilidad, le insté a entrar en conversaciones para un gobierno de concentración,
imprescindible a mi entender, no sólo por la situación interna aludida, sino
por la grave situación social y económica del país, que se reflejaba de forma
importante en SJR. Abreu rechazó el ofrecimiento porque “no podía gobernar con
el señor Mesa en su situación”. Seis meses después, en el acto de
irresponsabilidad política más importante realizado en SJR desde la artificial
fractura social inducida con el cambio de capitalidad, y protagonizado por la
misma fuerza política, AIS atentó contra la estabilidad institucional que ahora
esgrime como razón para alzarse con el poder de la institución. Los
resultados están ahí, sumados a la evidencia de que las dos razones esgrimidas
para la moción se manifestaron como prueba de la mendacidad de los pactantes:
el supuesto despilfarro se solucionó con la “austeridad” de una subida de
sueldo de 100.000 euros anuales, y dos ediles más liberados y la supuesta “transparencia”
consistió en el cierre de la emisora municipal, los impedimentos a la
asistencia a los plenos al cambiarlos por la mañana y el bloqueo de un
reglamento de participación ciudadana, el más avanzado de Canarias. Por todo
ello, y frente a las razones esgrimidas de responsabilidad institucional y de
que se les permita continuar realizando labores de gobierno, los socialistas
decimos que esa oportunidad sólo la merecería un grupo responsable
institucionalmente. Y por lo antedicho, los ediles de AIS son irresponsables, y
por lo tanto, incapaces de ejercer gobierno municipal alguno. Si tuvieran un
ápice de dignidad, debían pedir disculpas al pueblo de SJR y dimitir. Pero ya
verán que no lo harán. Los bolsillos pesan mucho y se pretende que en año y
medio pesen más.
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