La reforma de la Ley de Bases de
Régimen Local que pretende el PP es un atentado contra los pequeños
ayuntamientos de este país. Esta reforma afecta a que plantea el Gobierno
afecta a todos los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, que superan
el 80 por ciento, pero también a lo que te tenemos menos de 20.000 habitantes,
cuyos servicios, en su gran mayoría, dejarían de prestarse por los propios
ayuntamientos, pasando a ser prestados por el ayuntamiento de más de 20.000
habitantes más cercano o el Cabildo. Esta nueva ley, por lo tanto, no sólo es un
recorte democrático contra la autonomía municipal, sino que, sobre todo, es un
desastre en materia de servicios públicos. El objetivo final del PP, a mi
entender, es que se privaticen o desaparezcan servicios públicos que
actualmente están prestando los ayuntamientos. En realidad, esta reforma puede
suponer la desaparición de servicios públicos porque muchas competencias van a
quedar en un limbo jurídico entre comunidades autónomas, cabildos y
ayuntamientos, ya que no terminan de concretar qué pasará en cada caso.
Esta desastrosa reforma, pues, es
un desastre porque no conoce la realidad de este país, ni su pluralidad, ni que
la inmensa mayoría de los ayuntamientos prestan servicios de manera eficaz,
mucho más eficaz, por su cercanía, que los servicios prestados por
administraciones mayores. Además, injustamente, esta Ley
"culpabiliza" de la crisis a los pequeños municipios, sin admitir que,
de toda la deuda pública de las administraciones públicas en España, solo el 4
% corresponde a los ayuntamientos y de este porcentaje, un 25 % corresponde a
Madrid, cuya deuda alcanza los 7.000 millones de euros.
Todos y todas debemos exigir a Rajoy y al PP que retiren esta reforma local, desastrosa
para las administraciones locales. Y he dicho todos y todas, incluidos, desde
luego, los dos partidos que forman parte del actual gobierno local de SJR. No
se les ha oído pronunciarse. Y tienen la obligación de abordar una ley a la que
han querido ignorar desde su toma de posesión. Será porque también limita
enormemente el salario del alcalde y el número de concejales liberados. Y en
esto, como en la autodeclaración de soborno, dan la callada por respuesta. Para
lo malo, las competencias, para no “ofender” a Rajoy. Y en lo de los suelditos,
para no “molestarse” a sí mismos. Qué fuerte.
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