LA LEY DE DEPENDENCIA, EL HURTO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y LA SITUACIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Al parecer, el Gobierno de Canarias pretende volver a valorar a 17.000 personas dependientes para reducir la atención a la que tienen derecho por la Ley de Dependencia. Estas 17.000`personas tienen ya una certificación de minusvalía que les fue hecha en 2007. Parece que no les gusta gastar el diero que les viene del Estado por este concepto, es decir, gastarlo en la atención directa a las personas con discapacidad. Pretenden rebajar el grado de discapacidad de los dependientes, reduciendo así las prestaciones a las que tienen derecho. El dinero viene, pero estos personajes insensibles deciden cómo gastárselo, y si pueden, no dejan que vaya directamente al usuario. Hay comunidades, como la andaluza, que mientras se tramita el expediente, ya están pagando las ayudas. Aquí no. Aquí, incluso estando valorados los dependientes, se intenta burlar la ley y los derechos de las personas con dependencia, intentando rebajar su prestación mediante una nueva valoración. "¡Eso es mucho!", dirán, y a continuación se buscan cualquier excusa para no hacer lo que deben, engañando a los ciudadanos.

Esto que denuncio es grave. Pero más grave es la sospecha, cada vez más fundada, de que en nuestro municipio los criterios para decidir quienes son y quienes no son grandes dependientes, que son los que inicialmente se benefician, a lo largo de este año, de la ley, han estado teñidos de partidismo, siendo finalmente la valoración "política" y no la profesional la que ha marcado los informes. Sigo buscando datos, pero sí es así, la cara dura, la indecencia y la desfachatez de nuestros desgobernantes no tiene límites.