La Unión Europea aprobó, a principios de junio del año pasado, ampliar por encima de las 48 horas la semana laboral, un derecho social por el que lucharon los trabajadores hace un siglo y consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 91 años. Los ministros de Trabajo de los Veintisiete dieron luz verde a la propuesta de la presidencia eslovena que permitiría a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas hasta 60 horas en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos.
Los miembros de la UE se dividieron en aquel momento entre los que reclamaban una mayor flexibilidad laboral, encabezados por Reino Unido y Alemania (gobiernos conservadores, de derechas), y los que optaron por acabar con las excepciones que permiten trabajar más de 48 horas semanales, liderados por España. El ministro español de Trabajo en aquel momento, Celestino Corbacho, dijo que ampliar la jornada laboral a 65 horas iba a suponer un retroceso en la agenda social y una regresión social. La iniciativa de aumentar la jornada laboral se encontraba paralizada desde hacía tres años por la oposición de países como Francia, España e Italia, principalmente, que ejercían la minoría de bloqueo. Con la llegada de Silvio Berlusconi al poder (de nuevo la derecha salvaje), Italia fue la primera en abandonar el frente de la defensa del derecho social. Posteriormente, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el premier británico Gordon Brown pactaron que si el Reino Unido apoyaba la reforma de las agencias de trabajo temporal, otra directiva que se discute paralelamente, Francia apoyaría el aumento de jornada. España, es decir, Zapatero, por el contrario, mantuvo su oposición a la directiva. Con la nueva directiva de tiempo de trabajo se pretendía consagrar el free choice, la libertad de elección del trabajador en materia de jornada. Los Estados miembros podrían así modificar su legislación y permitir que los trabajadores alcanzaran acuerdos individuales con sus empresarios sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 65 horas semanales. Este tiempo se computa como promedio durante tres meses, lo cual significaba que las jornadas podrían alcanzar hasta las 78 horas. Los representantes españoles socialistas en Europa consideraron que la directiva supone un grave retroceso que convierte el derecho laboral europeo en un material de usar y tirar, es urecedente peligroso que luego se puede aplicar a salarios y a condiciones de higiene y abre la puerta al dumping social y dejan al trabajador que pacte a solas con el empresario, lo que supone en la práctica renunciar a toda la historia legal y de lucha social colectiva y nos retrotrae al siglo XIX en materia de logros laborales.
No obstante, el 3 de diciembre de 2008 los eurodiputados españoles, tras una larga lucha, consiguieron llamar a la razón a gran parte de la eurocámara y se votó en contra de la directiva (ver vídeo en nuestra página web).
Los miembros de la UE se dividieron en aquel momento entre los que reclamaban una mayor flexibilidad laboral, encabezados por Reino Unido y Alemania (gobiernos conservadores, de derechas), y los que optaron por acabar con las excepciones que permiten trabajar más de 48 horas semanales, liderados por España. El ministro español de Trabajo en aquel momento, Celestino Corbacho, dijo que ampliar la jornada laboral a 65 horas iba a suponer un retroceso en la agenda social y una regresión social. La iniciativa de aumentar la jornada laboral se encontraba paralizada desde hacía tres años por la oposición de países como Francia, España e Italia, principalmente, que ejercían la minoría de bloqueo. Con la llegada de Silvio Berlusconi al poder (de nuevo la derecha salvaje), Italia fue la primera en abandonar el frente de la defensa del derecho social. Posteriormente, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el premier británico Gordon Brown pactaron que si el Reino Unido apoyaba la reforma de las agencias de trabajo temporal, otra directiva que se discute paralelamente, Francia apoyaría el aumento de jornada. España, es decir, Zapatero, por el contrario, mantuvo su oposición a la directiva. Con la nueva directiva de tiempo de trabajo se pretendía consagrar el free choice, la libertad de elección del trabajador en materia de jornada. Los Estados miembros podrían así modificar su legislación y permitir que los trabajadores alcanzaran acuerdos individuales con sus empresarios sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 65 horas semanales. Este tiempo se computa como promedio durante tres meses, lo cual significaba que las jornadas podrían alcanzar hasta las 78 horas. Los representantes españoles socialistas en Europa consideraron que la directiva supone un grave retroceso que convierte el derecho laboral europeo en un material de usar y tirar, es urecedente peligroso que luego se puede aplicar a salarios y a condiciones de higiene y abre la puerta al dumping social y dejan al trabajador que pacte a solas con el empresario, lo que supone en la práctica renunciar a toda la historia legal y de lucha social colectiva y nos retrotrae al siglo XIX en materia de logros laborales.
No obstante, el 3 de diciembre de 2008 los eurodiputados españoles, tras una larga lucha, consiguieron llamar a la razón a gran parte de la eurocámara y se votó en contra de la directiva (ver vídeo en nuestra página web).
Por eso es tan importante que los socialistas estemos en Europa. Por la defensa de los derechos de los trabjadores, vota PSOE el 7 de junio.
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